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España exhuma su pasado

22/08/2006La falta de documentación y el tabú forjado por el terror de la dictadura sobre los desaparecidos impiden a historiadores y arqueólogos ponerse de acuerdo sobre su número y los lugares donde fueron enterrados. El testimonio de los familiares y testigos que quedan vivos a 70 años de esos hechos será la fuente principal para elaborar los mapas de fosas que la futura ley de la memoria llevará a confeccionar.

Los registros civiles, los expedientes de los consejos de guerra sumarísimos permitidos por Franco tras el golpe del ’36, los archivos municipales y los libros de los cementerios son los principales lugares donde la represión dejó sus cifras.

El hispanista británico Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y los de los primeros años de la dictadura pudieron llegar a los 180 mil. Por su parte, el historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en 36 provincias (algunos incompletos), da una cifra mínima de unos 90 mil.

“Las inscripciones de los paseados (los asesinados sin juicio en cunetas y campos) vienen a representar sólo un tercio de la realidad”, escribe Juliá en Víctimas de la guerra civil, el libro sobre la represión en ambos bandos que coordinó en 1999. El historiador advierte que, para adentrarse en ese terreno hace falta entrevistar a protagonistas y testigos o, en su caso, a sus familiares.

Los primeros pasos

Basándose en esos testimonios, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y otras agrupaciones con los mismos fines han abierto ya 98 fosas de las que han exhumado a 905 víctimas. Su vicepresidente, Santiago Macías, tras cinco años de desenterramientos, tampoco se atreve a hacer números. “Lo que sí sabemos es que, en la parte del país controlada por Franco, hasta finales de 1937 se puede contabilizar, como mínimo, una fosa por cada pueblo”, afirma. La asociación comenzará dentro de una semana su próxima excavación en Parrillas y Navalcán, junto a Talavera de la Reina (Toledo). Macías asegura que sobre su mesa hay, por lo menos cinco mil solicitudes más.

La futura ley de la memoria deja en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la localización de las fosas al obligar en su artículo 14 “a las administraciones competentes” a elaborar “mapas en que consten los terrenos en que se localicen los restos”. La norma prevé, asimismo, que el gobierno elabore otro “mapa integrado de todo el territorio español, que será igualmente accesible para los interesados y al que se incorporarán los datos que, en los términos que se establezcan, deberán ser remitidos por las distintas administraciones”. Los lugares donde se localicen los enterramientos serán, según el anteproyecto, objeto “de especial preservación por parte de sus titulares”.

En esos mapas tendrán que constar en primer lugar, las grandes fosas comunes situadas fundamentalmente en los cementerios de las capitales y grandes poblaciones o en parajes y pueblos de sus alrededores y que, en algunos casos, están bien do*****entadas.

La primera adelantada

Adelantándose a la ley de la memoria, la consejería andaluza de Justicia, junto a las distintas asociaciones regionales, comenzó el año pasado a investigar los enterramientos comunes ubicados en su territorio. “Contamos con los estudios de los historiadores, los datos de los registros civiles y de los cementerios, además de las correspondencias entre los responsables de las cárceles y, sobre todo, la información que aportan los vecinos de los municipios”, afirma Manuel Velasco, responsable de la Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, una de las que colaboran en el proyecto.

La parte occidental de Andalucía, a la que primero llegaron los franquistas, es donde se encuentra la mayoría de las fosas. Los expertos hablan también de miles de muertos que deben estar enterrados a lo largo de la ruta que va de Málaga a Almería, donde se produjeron fusilamientos de personas que huían hacia la zona republicana.

La Junta de Andalucía aportó para la investigación 55 mil euros por provincia. Al mismo tiempo, colabora con asociaciones y sindicatos en el proyecto “Todos los nombres”, que ha creado una base de datos con más de 10 mil nombres de desaparecidos durante la guerra. La nómina puede consultarse a través de Internet en la siguiente dirección: www.todoslosnombres.org

Diversos estudios calculan que unas 40 mil personas pudieron ser ejecutadas sin juicio en Andalucía y que, de ellas, más de 15 mil yacen en fosas comunes.

Por otra parte, la Generalitat de Cataluña calcula que más de nueve mil personas están enterradas en 157 fosas comunes de la guerra y el franquismo, de las cuales 115 ya han sido localizadas y 104 se hallan en cementerios.

En junio de 2005, el gobierno catalán publicó un proyecto de decreto para regular las exhumaciones “muy limitado y restrictivo”, según Manuel Perona, coordinador de la ARMH en Cataluña, que asegura que, debido a los requisitos que impone, sólo permitiría abrir 15 enterramientos.

El Ejecutivo autónomo exige que se pueda conocer previamente la identidad de, al menos, una de las personas enterradas; que las fosas no estén situadas en cementerios; que las víctimas sean civiles y no militares y que, como máximo, alberguen a 10 personas. La solicitud para desenterrar no puede ir más allá de la tercera generación de familiares de los enterrados y se cancelaría si alguno se opusiera.

El proyecto de decreto tampoco prevé dar subvenciones para financiar los gastos de las investigaciones previas a las exhumaciones, que correrían a cargo de las familias. Lo mismo que las autorizaciones para excavar, que sólo se acompañarán de fondos públicos en caso que el Ejecutivo considere la fosa “de interés”.

Después de que el Parlamento catalán aprobara una moción sobre la recuperación de la memoria histórica en marzo de 2003, cuando aún gobernaba Convergencia y Unión (CiU), se realizó la primera exhumación de una fosa en la comarca de Osona (Barcelona), en junio de 2004. En la excavación, que era una prueba piloto para establecer un protocolo de actuación, se encontraron seis soldados republicanos y un civil al que se logró identificar.

Además, el Ejecutivo inició en abril de 2006 una investigación para ubicar con exactitud la fosa de Can Maçana, en El Bruc (Barcelona), pero no se encontraron indicios de ninguno de los ocho fusilados que se suponían enterrados en la zona.

Dolor vasco

Euskadi es la tercera comunidad que ha regulado y subvencionado la apertura de sus fosas.

Según el historiador Iñaki Egaña, 2.500 vascos murieron fusilados en los años de guerra y represión. Cinco mil desaparecieron, 60 mil padecieron la cárcel y otros 150 mil, entre ellos 35 mil niños, tuvieron que exiliarse.

Publicado en: www.lavoz.com.ar



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